¿Cómo enfrenta un Estado amenazas que no percibe como tales? Esa es la pregunta que el debate sobre seguridad en Argentina todavía no logra responder. No porque falten capacidades, sino porque falta el método para anticiparlas antes de que se vuelvan crisis. Y sin ese método, ninguna arquitectura institucional puede funcionar.

Para comprender el porqué, es necesario iniciar definiendo la naturaleza de las amenazas. Las amenazas complejas son fenómenos que sobrepasan las habilidades sectoriales del Estado debido a su carácter multidimensional: funcionan al mismo tiempo en diversos campos (cibernético, económico, militar, criminal e informático) sin un responsable claramente identificable, sin una declaración formal de hostilidad y sin poner en marcha los mecanismos convencionales de alerta. No siempre implican un oponente centralizado: pueden surgir de dinámicas sistémicas o de agentes cuya acción conjunta genera consecuencias estratégicas sin una dirección única. Lo que las caracteriza no es quién las produce, sino cómo funcionan: debilitando instituciones, poniendo en riesgo recursos estratégicos y creando incertidumbre sobre la forma, el modo y el lugar desde donde se actúa. Su rasgo más amenazante no es la intensidad, sino lo inobservable que son: cuando se hacen evidentes, el daño ya está ocurriendo y las posibilidades de maniobra han disminuido drásticamente.

Esta invisibilidad tiene una repercusión directa a nivel institucional que se menciona raramente de manera clara: no se puede edificar una arquitectura interagencial para hacer frente a un peligro complejo. Esta debería estar ya configurada. Cuando la crisis sucede, las entidades estatales carecen de tiempo para determinar quién tiene autoridad, cuáles protocolos deben implementarse, cómo intercambiar información o qué sistemas tecnológicos son compatibles. Esas definiciones deben estar tomadas con anticipación, probadas en ejercicios conjuntos y sedimentadas en cultura institucional. Si no lo están, lo que ocurre es exactamente lo que la experiencia regional muestra: cada organismo reacciona por su cuenta, las respuestas se superponen o se anulan, y la amenaza avanza en el espacio intersticial que ninguna agencia tiene mandato de cubrir.

Por lo tanto, la pregunta no es cómo coordinarse cuando la crisis aparece. Es como preverla con antelación suficiente para planificar y consolidar la coordinación que será necesaria. Y esta pregunta tiene una respuesta metodológica específica: los estudios de futuro y la prospectiva estratégica. No como mera actividad académica, sino como instrumento de gobierno: un proceso sistemático de identificación de señales débiles, elaboración de escenarios estratégicos y diseño anticipado de reacciones institucionales que posibiliten al Estado prepararse para lo que podría suceder antes de que suceda. La prospectiva no predice el futuro. Genera las condiciones para que el Estado no sea sorprendido por él.

Cuando se aplica a la situación argentina, esta metodología muestra algo que la discusión pública aún no ha analizado de forma suficientemente profunda. Las amenazas que enfrenta el país en el Mar Argentino, la Triple Frontera, su infraestructura cibernética y sus recursos estratégicos no aparecieron de repente. Antes de convertirse en crisis, todas dejaron señales. La explotación ilegal de recursos marítimos sigue patrones documentados de movimiento que las imágenes satelitales han registrado durante años. Las redes que combinan narcotráfico y financiamiento terrorista en la Triple Frontera construyeron su infraestructura progresivamente y son visibles para quienes saben observar. El ataque cibernético coordinado de marzo de 2026 fue el resultado esperado de las vulnerabilidades que se habían acumulado durante años sin recibir atención. En todos estos casos, la falta de información no fue el problema; lo fue la falta de un método para procesarla como señal temprana y convertirla en decisiones anticipatorias a nivel institucional.

Esa ausencia de método tiene un costo institucional preciso: la fragmentación. El Estado argentino no carece de organismos capaces de detectar estas amenazas. Carece de una arquitectura que los conecte. La brecha entre inteligencia y operaciones hace que la información llegue tarde. La diferencia entre la defensa y la seguridad deja desprotegidos a los fenómenos que no caben en ninguna de estas dos categorías. La división civil-militar crea culturas institucionales que son incompatibles bajo presión. Y la separación entre lo interno y lo externo provoca que las amenazas transnacionales encuentren respuestas soberanas lentas y poco coordinadas. Son brechas que pueden ser previstas por la prospectiva y cerradas por el diseño institucional, pero únicamente si este diseño se realiza antes de que las amenazas las aprovechen.

La experiencia a nivel internacional demuestra que los sistemas más eficaces tienen un rasgo en común: desarrollaron su estructura interagencial durante tiempos de paz, utilizando ejercicios prospectivos para identificar las amenazas potenciales y formular las respuestas institucionales requeridas. El sistema interagencial estadounidense posterior al 11-S no se originó a causa de la crisis, sino del examen sincero de por qué sucedió la crisis y qué tipo de estructura hubiera hecho posible evitarla. La OTAN no consigue que sus miembros sean interoperables cuando se presenta una crisis: la desarrolla a lo largo de años de prácticas conjuntas basadas en escenarios prospectivos. Israel no unifica su inteligencia, su diplomacia y sus fuerzas armadas frente a la amenaza: cuenta con esta integración operativa constante porque fue diseñada previamente mediante el análisis prospectivo. En los tres ejemplos, la prospectiva precede a la estructura. Sin ella, la estructura es reactiva y siempre llega tarde.

Argentina tiene una experiencia previa que evidencia que esa coordinación es factible cuando hay voluntad política. En la cumbre del G20 en Buenos Aires, en noviembre de 2018, el país movilizó más de 22.000 efectivos coordinados entre cuatro organismos diferentes, abarcando al mismo tiempo los dominios terrestre, aéreo, naval, cibernético e inteligencia. Todo salió bien. Sin embargo, ese triunfo también pone de manifiesto el problema principal: la coordinación fue posible porque había un plazo límite y un contexto conocido y se dispuso del tiempo necesario para prepararse. Precisamente las circunstancias que las amenazas complejas nunca brindan. Cuando los presidentes se marcharon el 1 de diciembre de 2018, cada entidad retomó su funcionamiento de forma independiente. La coordinación había sido una respuesta a un acontecimiento, no una prevención ante un peligro. Precisamente esta es la diferencia que lo determina todo.

Para desarrollar una arquitectura interagencial permanente, es necesario realizar inversiones en los siguientes pasos: Primero, la prospectiva: a través de estudios de futuro, determinar cuáles son las amenazas más probables para los próximos cinco a diez años, qué señales débiles las presagian y qué habilidades de respuesta se requieren. Luego, la arquitectura: diseñar sobre esta base los protocolos de intercambio de información, los mecanismos de coordinación, los sistemas tecnológicos compatibles y la doctrina compartida que dicha respuesta exige. Y por último, la institucionalización: consolidar esa estructura en marcos normativos, presupuestos protegidos y cultura organizacional que no estén sujetos al deseo del gobierno de turno. Ese es el único orden efectivo. Dado que una arquitectura interagencial que no se anticipó no puede improvisarse cuando la amenaza ya está en marcha.

La próxima vez que una crisis parezca haber surgido de la nada, es útil plantearse preguntas diferentes: ¿contábamos con el método para anticiparla? ¿Contábamos con la estructura para hacerle frente? ¿O esperábamos, otra vez, que la amenaza nos revelara lo que no habíamos construido a su debido tiempo?