En un escenario global de volatilidad extrema, la seguridad nacional ha dejado de ser una abstracción académica para convertirse en una urgencia de Estado. Sin embargo, en la Argentina, el debate suele agotarse en la superficie. La reciente decisión de reequipar a las Fuerzas Armadas ha reavivado la discusión sobre el presupuesto militar, pero omite la pregunta de fondo: ¿tiene el país una verdadera política de defensa o simplemente una inercia administrativa de sus instituciones?

Es esencial diferenciar dos ideas que frecuentemente se superponen en el discurso público: la política militar y la política de defensa. La primera es de carácter operativo y reactivo; se limita a sostener lo existente: liquidar salarios, mantener infraestructuras y gestionar el presupuesto. La segunda, en cambio, es política pura: requiere definir con precisión el propósito del instrumento militar, identificar las amenazas tangibles de este siglo y diseñar una arquitectura estratégica para neutralizarlas. Un país con política de defensa entiende para qué invierte, mientras que uno con política militar sabe cuánto gasta.

Actualmente, la Argentina parece estar anclada en el segundo grupo.

Nuestro plexo jurídico establece una frontera rígida entre la seguridad interior y la defensa nacional. Si bien esta distinción fue un pilar necesario para garantizar el control civil a partir de 1983, las amenazas del siglo XXI no respetan compartimentos estancos. Los conflictos actuales operan en una «zona gris» donde los límites son porosos y las agresiones resultan, muchas veces, invisibles hasta que el daño ya es irreversible.

Las amenazas ya no llegan exclusivamente en forma de ejércitos cruzando fronteras. Hoy un Estado puede sufrir un daño estratégico significativo a través de un ciberataque a su infraestructura crítica, la sustracción de información sensible o la explotación sistemática de sus recursos naturales, todo ello sin que se dispare un solo tiro. Expertos denominan a estas agresiones «amenazas complejas» o “híbridas”, capaces de erosionar la soberanía nacional sin necesidad de disparar un solo proyectil.

En este sentido, el actual conflicto en Oriente Medio ofrece una lección de realismo que la Argentina no puede ignorar: lo que convierte a activos como Vaca Muerta o nuestras reservas de litio en piezas codiciadas del tablero global, los transforma simultáneamente en blancos de alta vulnerabilidad. Las crisis recientes demuestran que las amenazas contemporáneas —sabotajes, infiltraciones o ataques a infraestructuras críticas— . Requieren, sobre todo, una doctrina de seguridad que entienda los conflictos de nueva generación y la protección de recursos vitales como una prioridad de supervivencia nacional.

Sin una visión prospectiva clara, la adquisición de medios militares es una apuesta al azar. Actualmente, el Estado adquiere equipamiento muchas veces por impulso político o conveniencia de ocasión, huérfano de una Estrategia Nacional de Seguridad que defina escenarios de riesgo y asigne prioridades. Hay gasto, pero falta racionalidad estratégica.

Esta ausencia de una brújula estratégica no es una omisión teórica, sino que se traduce en vacíos operativos que plantean interrogantes que el país debe afrontar con urgencia: ¿Quién custodia realmente nuestras reservas de agua dulce o yacimientos energéticos ante la falta de una directriz clara? ¿Cómo responde el Estado, más allá de la presencia física, frente a flotas extranjeras que operan impunemente en el mar argentino? ¿Estamos preparados para proteger la proyección hacia la Antártida en plena competencia internacional por recursos marítimos, o nos limitamos a la inercia administrativa? ¿Qué plan de contingencia existe ante un ciberataque masivo al sistema financiero si no hemos definido el ciberespacio como teatro de defensa?

En este marco, la racionalidad estratégica requiere un insumo fundamental: la Inteligencia Estratégica. Su propósito no es el control interno de los ciudadanos, sino la prospección estratégica para predecir amenazas externas; es aquí donde su función se vuelve esencial para la defensa nacional. Si el sistema de inteligencia no se desarrolla para identificar amenazas futuras —económicas, cibernéticas, medioambientales o terroristas— en un contexto de volatilidad extrema, el Estado seguirá decidiendo a ciegas, limitándose a una gestión militar de corto plazo. Seguir operando sin información adecuada es, en última instancia, una manera riesgosa de eludir la responsabilidad soberana.

Para revertir esta situación, se requieren pasos concretos: unificar Defensa, Inteligencia y Política Exterior en una hoja de ruta prospectiva; adoptar la planificación a largo plazo como herramienta de gobierno; y racionalizar el gasto para que cada peso invertido responda a desafíos actuales, no a lógicas de otro tiempo o fuera de nuestro verdadero contexto geoestratégico.

Países como Chile, Brasil, Israel o Australia han avanzado en este sentido y sus experiencias son referentes ineludibles.

Mientras el debate se reduzca a la recomposición salarial, la compra de equipamiento o el mantenimiento de cuarteles, la Argentina seguirá siendo vulnerable. Modernizar las Fuerzas Armadas sin una doctrina estratégica clara equivale a un gasto sin propósito. La próxima vez que un anuncio oficial prometa equipamiento nuevo, convendrá preguntarse si responde a una política de defensa soberana o a una simple maniobra de comunicación política.

Porque gastar sin estrategia no defiende a la nación: solo la expone.

GABRIEL PIETRONAVE es Coronel Mayor (R) del Ejército Argentino, especialista en Inteligencia Estratégica y Prospectiva (IEN-UNLP)